Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación de la capital, denunció en sede penal a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La presentación ingresó este 1 de septiembre de 2020 a la órbita de Daniel Marranzino, ministro público fiscal subrogante (reemplaza a Edmundo Jiménez), por medio de un correo electrónico.

Pedicone endilgó al integrante del alto tribunal la comisión de una serie de supuestos delitos, entre ellos un presunto tráfico de influencias. Las fuentes consultadas refieren que el denunciante habría relatado unas irregularidades vinculadas al trámite de la causa penal que involucra a un legislador opositor. La denuncia mencionaría la existencia de una grabación, así como de otras pruebas de hechos que incluso involucrarían a otras autoridades públicas más allá de las mencionadas. En virtud de las reglas de juego del nuevo Código Procesal Penal, correspondería que el caso pase a la fiscala regional de la capital, Mariana Rivadeneira.

La denuncia fue interpuesta en el día de inicio de la implementación integral de la reforma en la Justicia penal provincial. A partir de este martes, Pedicone dejó de ser vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción para pasar a desempeñarse en el Tribunal de Impugnación. A horas de cambiar de función, el juez recibió una sanción de apercibimiento de parte de la Corte. Leiva, y sus colegas Antonio Daniel Estofán y Eleonora Rodríguez Campos aplicaron el castigo con el argumento de que Pedicone había actuado fuera de su competencia, y con falta de decoro al llamar a una audiencia para controlar un procedimiento preventivo de la covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el Bar y Billares Punto y Banca.

En disidencia, los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse consideraron en la Acordada 782 del 27 de agosto que el alto tribunal debía investigar las anomalías que impidieron la audiencia, tal y como había pedido Pedicone en un instrumento en el que expuso los mensajes de chat que le había mandado el relator de Leiva, Andrés Garmendia, y que Mariana Merletti, directora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), le había denegado el acceso a la sala de audiencias “por decisión de la Corte”. Según Pedicone, los vocales supremos debían “esclarecer” este bochorno institucional.